SE BUSCAN ASESORES CON SESO... ¿O POLÍTICOS...?

          ¿Saben ustedes cuánto dinero de sus impuestos se llevan anualmente los asesores contratados por el Gobierno, las autonomías, los ayuntamientos, diputaciones y organismos varios? Supongo que no lo saben y servidora, por más que he intentado averiguarlo, tampoco. No me vale solamente con el dato de los Presupuestos Generales del Estado de este año, en el que figura que el Gobierno tiene asignado un máximo de 644 asesores, con un tope de gasto para esta partida de 22,9 millones de euros. Lo que ya es misión imposible es saber el número de asesores del resto de las administraciones públicas.          
          El tema no es nuevo. Ya se ha tratado en algunos medios o programas, de TV como Salvados o El Objetivo, pero nadie ha podido dar una cifra exacta, aunque según el periodista Gonzalo Suárez en “Salvados”, los asesores se llevan unos 850 millones de euros al año.
           Aunque saber cuántos hay y cuánto cuestan al erario público es muy importante, en
realidad, quiero resaltar otras cuestiones. ¿Son necesarios los asesores? Un político, como cualquier ser humano, y como cualquier perrita como yo, no puede ser especialista en todos los temas. ¿Necesita asesores? Sí, pero sin exagerar y sin que esas supuestas asesorías sean un coladero de enchufismos y personas innecesarias, cuyas nóminas son recursos que podrían y deberían dedicarse a otras partidas más vitales para la sociedad.
          Además, mis dudas sobre esta cuestión son varias: ¿Los asesores humanos  saben asesorar? ¿Se tiene en cuenta lo que dicen, si es que dicen algo? ¿Es de verdad necesario que solamente el Gobierno de la nación pueda llegar a tener más consultores (644) que la suma de diputados (350) y senadores (266)? ¿Es de sentido común que haya más asesores y cargos de confianza, que no han pasado por las urnas ni por ningún tribunal de oposición, en todas las instituciones del Estado que políticos en activo? ¿Para qué están entonces los funcionarios, entre ellos, el Cuerpo de Abogados del Estado? Algunos funcionarios que, como todos ellos, están para servir a los ciudadanos a través de los organismos competentes, ¿no funcionan, o los políticos no les permiten funcionar al no requerir sus servicios? ¿Y no les basta, además, con tanto seso como les rodea, incluido el suyo, para tener que echar mano, de vez en cuando, de comités de expertos?… elegidos por ellos, claro. ¿O es que los a-seso-res no son expertos? Pues ¡cojona!, que diría otra vez la abuela de mi amita, ¿quién entiende este caos?         
          Viendo lo que está pasando últimamente, algo falla estrepitosamente. O los asesores no dan una, o si la dan los políticos no les hacen caso. Porque si no, ¿cómo se explican los patinazos jurídicos y políticos en leyes tan importantes como la de Seguridad Ciudadana, que acaba de recibir un serio varapalo del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, al considerarla en su mayoría claramente anticonstitucional. También la Fiscalía y algunos jueces de la Audiencia Nacional, como Santiago Pedraz, que sigue adelante con el caso Couso, ven puntos de inconstitucionalidad en el carpetazo que el Gobierno, en solitario, ha dado a la llamada Justicia Universal. La reforma conculca el Convenio de Ginebra, firmado por España, lo cual ya debería ser por sí mismo  lo suficientemente importante como para invalidarla.

¿Dónde han ido los céntimos sanitarios?

Y seguimos con errores de gestión que pagamos todos. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegal el tributo del Céntimo sanitario que el Gobierno permitió implantar a varias autonomías, y que se comenzó a cobrar en el año 2002. Estamos en el 2014, ¿entienden porque la Justicia, para que lo sea de verdad tiene que ser rápida?
          Este impuesto añadido ha permitido recaudar unos 13.000 millones de euros que, según la sentencia tendrán que devolver. ¿A quién? A casi nadie, ya que para reclamar es necesario presentar facturas de las gasolineras. ¿Qué ciudadano particular pide una factura cuando reposta con su coche? Prácticamente nadie, ya que con el ticket es suficiente y, por otro lado, aunque sirvieran ¿quién guarda los tickets de hace diez, nueve, ocho, siete... años?
         La realidad es que solamente podrán devolver las cantidades que reclamen las empresas, siempre y cuando, tengan facturas o puedan pedirlas. El fallo tiene efectos retroactivos, porque los jueces consideran, para más ignominia aún, que se obró de mala fe al hacer caso omiso de las advertencias de la justicia y de la propia comisión europea.
           Todo un absurdo, pero un absurdo que habéis pagado los de siempre. ¿También aquí intervinieron los asesores? ¿Qué pasa con los políticos que dieron el visto bueno a una ilegalidad manifiesta y, además, advertida? Absolutamente nada. Ellos seguirán en sus puestos y, mientras tanto, los ciudadanos pagando sus platos rotos. ¿Y quién se ha comido nuestros céntimos sanitarios? ¿Dónde han ido a parar esos trece mil millones de euros?

 

Aborto y más cuestiones

Y vamos con otra sonada polémica: la reforma de la Ley del Aborto, donde Gallardón se ha retratado tal como es, sin retoques de photoshop. La oposición y hasta miembros del PP se han manifestado en contra. Una vocal del Consejo General del Poder Judicial ha tachado la reforma de anacrónica y criminalizadora. Incluso la comunidad científica, colegios de médicos y psicólogos argumentan que la ley debe ser retirada.
          ¿Tendrá la gallardía suficiente el señor Gallardón de retirar su polémica reforma, en la que supongo habrá intervenido algún que otro consejero o asesor? Expectante quedo.
          En cuanto a la no revalorización de las pensiones, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad del TSJ del País Vasco. También hay pendientes varios recursos de los grupos políticos de la oposición contra la resolución del gobierno, dictada a golpe de decretazo. Los recursos destacan que el legislador no tiene libertad plena ni ilimitada para suprimir el mecanismo de revalorización periódica de las pensiones, es decir, nadie tiene un cheque en blanco para cambiar la legislación cuando le venga en gana, para seguir esquilmando a las bases más débiles de la sociedad.
   Y hay otros frentes abiertos donde es posible que el Gobierno reciba algún varapalo más. El Tribunal Constitucional tiene pendientes varios recursos presentados contra la no menos polémica amnistía fiscal, dictada por el ministro de Hacienda; otro contra la Ley de Tasas Judiciales, una medida que ha sido también muy criticada en el sector judicial, así como contra la reforma del sistema de elección de RTVE realizada en junio del 2012. Y aunque ha avalado algunas partes del Decreto Ley de Reforma Laboral, tiene pendiente de dictaminar un recurso presentado por el PSOE contra dicha reforma. Y no olvidemos los recursos contra la LOMCE del ministro Wert, ampliamente criticado por toda la comunidad educativa.
           Así que la conclusión que saco de todo lo expuesto es que, o sobran asesores, o sobran políticos. Mi sugerencia es que, en las próximas elecciones, deberíais meter en las listas a los expertos, si es que lo son, y sacar de ellas a tanto político mediocre que ve la política sólo como una forma de vivir y, encima, imponiendo leyes con chulería y prepotencia.

Guau, guau, y más que guau…..