Acabo de enterarme, por el periódico SUR, de una interesante iniciativa puesta en marcha por cuatro estudiantes de Publicidad de la Universidad de Málaga, a quienes felicito. Les pusieron como ejercicio montar una campaña en las redes sociales y después de dar vuelta a varias ideas se decidieron por montar una web para denunciar el despilfarro de los políticos, sin imaginar la repercusión que ha alcanzado. Empezaron en diciembre con unas 250 visitas, cifra que se ha disparado en la actualidad hasta las 50.000, sin contar los seguidores en Twitter, más de 4.300 y en Facebook, más de 2.500, hasta el momento.
Según sus declaraciones al citado diario, reciben los datos a través de un formulario que, posteriormente, verifican antes de publicarlo. De momento, ya llevan unas 60 denuncias y tienen más de 200 haciendo cola. Los responsables de dicha página web: http://www.despilfarropublico.com/ aseguran que, aunque esta iniciativa responde a un trabajo de clase, seguirán con ella por responsabilidad y para no defraudar a las numerosas personas que han confiado en ellos para plasmar sus denuncias.
Aunque me ha costado un poco pues en los colegios de perros no enseñan informática, acabo de visitar la página y les invito a que lo hagan. Aunque todos sabemos que el despilfarro de algunos políticos con el dinero público, unido a la corrupción, es uno de los graves problemas de nuestro país, es asombroso conocer algunos de los proyectos que se han llevado a cabo y el importe que algunos de nuestros dirigentes han malversado, sin el más mínimo pudor, en obras o proyectos megalómanos innecesarios para la ciudadanía.
Algunos de ellos, me causan tal estupor que, si no supiese que son ciertos, me parecería estar viendo algún espectáculo cómico. ¿Cómo es posible gastarse 400.000 euros en un camión de bomberos y usarlo solamente para cabalgatas o simulacros? ¿O 70 millones de euros en un puente en Talavera de la Reina que no va a ningún lado? ¿O intentar construir una ciudad del medio ambiente en terreno protegido de Castilla y León, obras que ha parado el Tribunal Constitucional, pero que han costado 52 millones de euros? ¿O el nuevo Instituto de Medicina Legal de Madrid que costó más de 19 millones y que lleva más de tres años sin utilizarse?
Hay también una reciente noticia sobre la probable adquisición por parte del Gobierno de un camión anti-manifestantes, que costará unos 500.00 euros. Síííí, de esos que lanzan chorros de agua para enfriar cualquier marea “caliente” que ose circular por la calle. Sin embargo, parece ser que la policía ya dispone de cinco vehículos de ese tipo que están en desuso.
Por supuesto, citan igualmente los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real y Huesca. Este último costó 45 millones de euros y tiene una media diaria de 7 pasajeros. El de Ciudad Real, que costó mil millones de euros, finalmente ha salido a subasta por cien millones. El de Castellón, o aeropuerto fantasma, o el “aeropuerto del abuelo”, cuyo coste real se ignora porque el PP se ha negado en las Cortes valencianas a que se investigue, según los datos que se manejan ha superado los 170 millones, a los que hay que sumar los más de cinco millones y medio de euros de gasto anual en mantenimiento y seguridad privada. Actualmente está en venta, pero antes hay que gastarse 500.000 euros más en reparar las goteras. Y para terminar, hay otro más, el de Corvera en Murcia, cercano al de San Javier y al de Alicante, que ha costado 270 millones, que aún no se ha inaugurado y que dudo que lo hagan ya que, según se afirma, no será una infraestructura rentable. Posiblemente, otro más para subastar.
Es “vox populi”, y en algunos casos ya corroborados por la Justicia, que todos los gastos que suponen algunas obras públicas se ven incrementados por cantidades que se van quedando por el camino, llámense sobornos, llámense sobres, o llámense pagos agradecidos.
Según un estudio del pasado año, realizado por la Universidad de Las Palmas, el “coste social” aproximado de la corrupción en España alcanza los 40.000 millones de euros. Los del despilfarro denunciados en esta página web suman casi 12.000 millones; si tenemos en cuenta que esta cantidad corresponde a unos 60 casos y faltan unos 200 por verificar para que sean publicados, no creo que me aparte mucho de la realidad, si afirmo que el despilfarro puede llegar a los 30.000 millones, que sumados a los cuarenta mil de la corrupción, nos da nada menos que la cantidad de 70.000 millones de euros. Si a esta cantidad le añadiésemos el importe del fraude fiscal, que sigue sin atajarse, ¿verdad que no habrían sido necesarios los recortes en sanidad ni en educación, ni la congelación de las pensiones y sueldos de funcionarios, entre otras cuestiones?
Claro que no, claro que no habrían sido necesarios. Luego no es una cuestión de crisis, sino de eficiencia, sensatez y madurez política, de gestión responsable, de sensibilidad, de rectitud y honestidad. Y todo eso es lo que ha fallado en la clase política en general, desde el alcalde o concejal más humilde, hasta los diputados autonómicos o nacionales, pasando por otros muchos directivos, públicos y privados, o responsables de las finanzas tanto de la administración, como de los partidos o de las empresas. Y tan culpable es el que lo hace como el que lo sabe y no se opone, o no lo denuncia. Y esto, no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente tener o no tener vergüenza.
Y una última pregunta, no a quien corresponda porque no van a responder, sino al aire. ¿Por qué la gran mayoría de los responsables de estas malversaciones del dinero público no sólo no están ya en la cárcel, sino que ni siquiera están siendo juzgados? Si se llenan la boca con eso de que vivimos en un estado de Derecho, ¿dónde demonios está la JUSTICIA?
Guau, guau y más que guau.
Aunque me ha costado un poco pues en los colegios de perros no enseñan informática, acabo de visitar la página y les invito a que lo hagan. Aunque todos sabemos que el despilfarro de algunos políticos con el dinero público, unido a la corrupción, es uno de los graves problemas de nuestro país, es asombroso conocer algunos de los proyectos que se han llevado a cabo y el importe que algunos de nuestros dirigentes han malversado, sin el más mínimo pudor, en obras o proyectos megalómanos innecesarios para la ciudadanía.
Algunos de ellos, me causan tal estupor que, si no supiese que son ciertos, me parecería estar viendo algún espectáculo cómico. ¿Cómo es posible gastarse 400.000 euros en un camión de bomberos y usarlo solamente para cabalgatas o simulacros? ¿O 70 millones de euros en un puente en Talavera de la Reina que no va a ningún lado? ¿O intentar construir una ciudad del medio ambiente en terreno protegido de Castilla y León, obras que ha parado el Tribunal Constitucional, pero que han costado 52 millones de euros? ¿O el nuevo Instituto de Medicina Legal de Madrid que costó más de 19 millones y que lleva más de tres años sin utilizarse?
Hay también una reciente noticia sobre la probable adquisición por parte del Gobierno de un camión anti-manifestantes, que costará unos 500.00 euros. Síííí, de esos que lanzan chorros de agua para enfriar cualquier marea “caliente” que ose circular por la calle. Sin embargo, parece ser que la policía ya dispone de cinco vehículos de ese tipo que están en desuso.
Por supuesto, citan igualmente los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real y Huesca. Este último costó 45 millones de euros y tiene una media diaria de 7 pasajeros. El de Ciudad Real, que costó mil millones de euros, finalmente ha salido a subasta por cien millones. El de Castellón, o aeropuerto fantasma, o el “aeropuerto del abuelo”, cuyo coste real se ignora porque el PP se ha negado en las Cortes valencianas a que se investigue, según los datos que se manejan ha superado los 170 millones, a los que hay que sumar los más de cinco millones y medio de euros de gasto anual en mantenimiento y seguridad privada. Actualmente está en venta, pero antes hay que gastarse 500.000 euros más en reparar las goteras. Y para terminar, hay otro más, el de Corvera en Murcia, cercano al de San Javier y al de Alicante, que ha costado 270 millones, que aún no se ha inaugurado y que dudo que lo hagan ya que, según se afirma, no será una infraestructura rentable. Posiblemente, otro más para subastar.
Es “vox populi”, y en algunos casos ya corroborados por la Justicia, que todos los gastos que suponen algunas obras públicas se ven incrementados por cantidades que se van quedando por el camino, llámense sobornos, llámense sobres, o llámense pagos agradecidos.
Según un estudio del pasado año, realizado por la Universidad de Las Palmas, el “coste social” aproximado de la corrupción en España alcanza los 40.000 millones de euros. Los del despilfarro denunciados en esta página web suman casi 12.000 millones; si tenemos en cuenta que esta cantidad corresponde a unos 60 casos y faltan unos 200 por verificar para que sean publicados, no creo que me aparte mucho de la realidad, si afirmo que el despilfarro puede llegar a los 30.000 millones, que sumados a los cuarenta mil de la corrupción, nos da nada menos que la cantidad de 70.000 millones de euros. Si a esta cantidad le añadiésemos el importe del fraude fiscal, que sigue sin atajarse, ¿verdad que no habrían sido necesarios los recortes en sanidad ni en educación, ni la congelación de las pensiones y sueldos de funcionarios, entre otras cuestiones?
Claro que no, claro que no habrían sido necesarios. Luego no es una cuestión de crisis, sino de eficiencia, sensatez y madurez política, de gestión responsable, de sensibilidad, de rectitud y honestidad. Y todo eso es lo que ha fallado en la clase política en general, desde el alcalde o concejal más humilde, hasta los diputados autonómicos o nacionales, pasando por otros muchos directivos, públicos y privados, o responsables de las finanzas tanto de la administración, como de los partidos o de las empresas. Y tan culpable es el que lo hace como el que lo sabe y no se opone, o no lo denuncia. Y esto, no es de izquierdas ni de derechas, es simplemente tener o no tener vergüenza.
Y una última pregunta, no a quien corresponda porque no van a responder, sino al aire. ¿Por qué la gran mayoría de los responsables de estas malversaciones del dinero público no sólo no están ya en la cárcel, sino que ni siquiera están siendo juzgados? Si se llenan la boca con eso de que vivimos en un estado de Derecho, ¿dónde demonios está la JUSTICIA?
Guau, guau y más que guau.
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