LEYES A LA CARTA

Cuando me he sentado frente a este folio etéreo para escribir el artículo que inaugurará este blog, tantas veces pensado y otras tantas pospuesto, me he sentido desbordada por todos los pensamientos que circulan por mi cerebro y que “calientan mis neuronas y mi sangre”. ¡Hay tantas cosas que decir…! ¡Hay tantos problemas que obligan a no quedarse callados…! ¡Hay tantos silencios que tengo que romper con mis ladridos…! Sólo hay que echar un vistazo a esta España nuestra, saber lo que era y ver en que la han convertido estos políticos que nos toca sufrir y aguantar por aquello de la mal interpretada democracia, o de una democracia manipulada y desvirtuada, para saber qué hay muchos temas sobre los que ladrar. Por ejemplo, desmantelamiento progresivo, pasito a pasito, de todo lo público; anulación de derechos laborales, retrocediendo hasta situaciones que, moral y sociológicamente hablando, vulneran la dignidad humana; contemplar como la corrupción ha invadido la mayor parte de la gran telaraña urdida alrededor de los ciudadanos, hasta lograr que, generalmente, ya nadie crea en nada ni en nadie; ver con que celeridad algunos políticos se ponen de acuerdo para cambiar lo que a ellos les interesa, incluido algún cambio en la “sagrada” Constitución, y son incapaces de realizar cambios legislativos que realmente beneficiarían a la sociedad; ser testigos de que no hay pudor político al “rescatar” a los bancos en lugar de “rescatar” a los ciudadanos; contemplar con estupor como el cinismo y la mentira se ha instalado en la política como un sello de identidad…. En fin, tantas y tantas cosas, que da para muchos artículos. Así que también, ladrido a ladrido, trataré de ir soltando mi indignación para evitar que me salga una úlcera de estómago.

Y hoy, comienzo con algo que me parece totalmente injusto:

1.- La Constitución, en su artículo 14, dice que: “Los españoles son iguales ante la ley…” La pregunta es obvia: ¿qué ley? ¿La que algunos políticos aprueban para que les favorezca sólo a ellos? La realidad social es que “los españoles son iguales ante la ley”, pero la ley no es igual para todos los españoles.

2.- La Constitución, esta vez en su artículo 50, dice que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad…” Aquí no hay pregunta, porque es más que obvio que muchos miles de pensionistas y jubilados carecen de esa “pensión adecuada”.

La certeza social y política es que no se cumple ninguno de estos artículos, es decir, estos dos mandatos constitucionales, que por ser constitucionales son de obligado cumplimiento, los políticos se los pasan por el arco de triunfo. En el punto 1º, el desarrollo de algunas leyes ha creado una desigualdad manifiesta que, lógicamente, favorece a quienes las han desarrollado. Los ciudadanos que cobran una pensión del Estado, que no es gratuita sino fruto de su contribución y de sus impuestos, no pueden compatibilizar la misma con otro trabajo y si lo hacen su pensión se ve reducida a la mitad. Esto lo dice una norma legal. Pero otra norma legal ampara que un ex presidente del Gobierno, que cobra una pensión lo suficientemente “adecuada” para vivir cómodamente, pueda compatibilizarla, sin perder ni un euro, con cualquier tipo de trabajo en empresas privadas, ya sea como asesor de Gas Natural, caso de Felipe González, o de Endesa, caso de José María Aznar, entre otras actividades que también les aportan importantes beneficios.

Según los datos publicados en varios medios, ambos ex mandatarios perciben del Estado una pensión vitalicia (da igual que hayan dejado la presidencia a los 65 o 50 años), de 75.000 euros brutos anuales, a los que hay que sumar otros 126.000 euros como consejero de Gas Natural Fenosa, además de dietas y comisiones, en el caso de González. En el caso de José María Aznar, a los 75.000 euros de pensión hay que sumar otros 200.000 euros como consejero de Endesa, más otros 198.000 euros (86.000 en efectivo y 112.000 en acciones), como vocal del consejo de News Corporation, de ideología conservadora, propiedad del controvertido magnate de los medios Rupert Murdoch. Además de estos emolumentos, ambos realizan otras actividades como conferencias, libros, artículos, etc., cuyos ingresos ignoramos. Lo que sí parece estar claro, a la vista de las cifras comentadas es que ambos triplican la pensión vitalicia que reciben del Estado y que pagan todos los españoles y nunca mejor dicho, pues ellos, si se les aplicase la otra ley que sí es igual para el resto de los ciudadanos, no habrían generado los años de cotización suficiente para cobrar, por ejemplo la pensión máxima que actualmente se sitúa en 35.673 euros brutos anuales.

            Hay que subrayar, que igual que González y Aznar, también Leopoldo Calvo Sotelo perteneció a varios Consejos de Administración de empresas privadas nada más dejar la Presidencia del Gobierno. Y hay que subrayar igualmente que aunque González tardó 15 años en ser consejero de una empresa privada, Aznar lo hizo prácticamente nada más dejar La Moncloa. En cuanto a Zapatero, según sus declaraciones, afirma que nunca aceptará ser consejero de una multinacional porque considera que un ex presidente debe mantenerse al margen de los intereses particulares de las grandes empresas. Aunque esta actitud demuestra una ética loable, tampoco se queda sólo con su pensión vitalicia, ya que al incorporarse al Consejo de Estado, percibe otros 75.000 euros anuales, aproximadamente. Y habría que hablar también de las prebendas y beneficios de los ex presidentes autonómicos, ministros y demás fauna política, aunque ese tema da para otro artículo.

            Cuando los grupos minoritarios del Congreso criticaron esta cuestión y pidieron una Ley de Incompatibilidades más exigente, la respuesta del actual ejecutivo, así como del PSOE y CiU, ha sido defender dichas prerrogativas; la de González afirmar que cumple escrupulosamente la ley; la de Aznar, el silencio, aunque según el secretario general de la FAES, fundación del ex presidente conservador, Jaime Garcia-Legaz, “es un tema a debatir”, pero defendió “un trato institucional diferente” para los ex presidentes del Gobierno; desde el PP, mientras Ana Mato, por ejemplo admitió que habría que “abrir una reflexión” sobre el tema, el entonces coordinador de relaciones internacionales del PP y actualmente uno de los hombres de confianza de Rajoy, Jorge Moragas, calificó las críticas de “actitud paleta y populista”.

Discriminación legal

            Hasta aquí los datos y para no confundir planteamientos, ni churras con merinas, diré que no opino que los ex presidentes no tengan derecho a una pensión. Pero dado que la ley ya les favorece, no exigiéndoles ni a ellos ni a los parlamentarios los mismos requisitos que al resto de los ciudadanos para acceder a la misma, cuestión también más que discutible, por lo menos debería contemplar la misma incompatibilidad que exige a todos los jubilados y pensionistas de este país. Y esto no es “paleto ni populista”. Es, sencillamente, exigir que las leyes no tengan forma de embudos y que la parte más estrecha sea siempre para los más débiles. Sencillamente, no es que todos los españoles sean iguales ante la ley, sino que la ley deberá ser igual para todos. Lo contrario, señores del Gobierno y señores populares y socialistas, no es más que una intolerable discriminación legal, y una flagrante inmoralidad institucional. Y eso, en cualquier circunstancia, así que no digamos con la que está cayendo….

            De verdad, alguien con sentido común y con una mínima ética, ¿considera justo que un jubilado con una pensión que puede variar desde los 7.812 euros anuales hasta los 35.273 anuales (mínima y máxima para 2013), si realiza alguna otra actividad, vea reducida su pensión un 50% y estos señores, por muy ex presidentes que sean, con una pensión que duplica la máxima del resto de los españolitos, puedan realizar todos las actividades que les dé la gana sin ver mermada su pensión?

Yo creo que no, no es justo. Y si alguien me llama demagoga porque en realidad el Estado no se ahorraría mucho rebajándoles el 50% de su pensión, puesto que no son muchas personas, les diré que me importa un bledo si son tres o trescientas. No estoy hablando de ahorro (de eso y de los sueldos que pululan por esta España nuestra hablaré otro día). Estoy hablando de derechos y obligaciones, estoy hablando de justicia, estoy hablando de que no debe haber leyes a la carta para los políticos, estoy defendiendo y exigiendo que las leyes deben ser iguales para todos los ciudadanos.

            Es decir, como mascota y ciudadana de este maltratado país, exijo que la ley contemple para los ex presidentes la misma incompatibilidad entre pensión y trabajo que para el resto de los pensionistas. Pero no sólo eso, sino también que en el supuesto de que sus actividades privadas les reporten beneficios que superen el importe de su pensión, les sea retirada la misma totalmente. Aún así, su “estatus”, tan defendido por los políticos,  quedaría a salvo, ya que estarían muy por encima de la pensión máxima y no digamos ya del 70% de los pensionistas españoles que no llegan a los mil euros mensuales.

            Así que apelo a todos los parlamentarios para que, al margen de ideologías y obediencias ciegas y sin personalidad al partido, defiendan los intereses generales de una sociedad a la que tienen la obligación de servir, y demuestren su dignidad humana y política. Y recordarles, puesto que parece que lo han olvidado, que para eso se les ha votado, que para eso fueron elegidos, para trabajar por el bien público y no para ejercer como meros comparsas de intereses mezquinos y espurios.