LEY DE INSEGURIDAD DE MANIFESTANTES Y PROTESTONES

Quería seguir tratando la cuestión de los sueldos y prebendas de nuestros políticos, pero voy a hacer un inciso para comentar la patada que este Gobierno, por medio de su ministro del Interior, pretende dar a todos los ciudadanos. Ya no es la famosa “patada en la puerta” que le costó el cargo al ex ministro, señor Corcuera, sino algo todavía mucho peor: una patada a los derechos civiles más fundamentales de la ciudadanía. ¿Hay algo más fundamental que una ciudadanía engañada, insultada (nos están llamando tontos todos los días), estafada y pisoteada pueda salir a la calle, que es de todos, para protestar por todos estos atropellos? Yo creo que no. Hay muchos derechos ciudadanos importantes, pero éste es esencial para demostrar y hacer saber a nuestros políticos lo que pensamos sobre todo lo que están haciendo.
   

    La voz del pueblo se hace oír en las urnas cada cuatro años. Pero si una gran parte de ese pueblo se siente engañado por las falsas promesas electorales, y agredido política y socialmente, tiene todo el derecho del mundo para hacer ostensible su protesta por todos los medios a su alcance. Y uno de esos medios, después de indignarse y ladrar en casa, es manifestarse en la calle contra las medidas y normas que, aunque se las vista de legalidad, son claramente contrarias al interés general de los ciudadanos.
        Pero nadie que ostente el poder, mucho más si éste es absoluto, quiere que la calle hable, que la gente proteste, aunque tenga razón. El poder quiere siervos, no ciudadanos. Y este poder, que se ampara tras un resultado electoral que no refleja la realidad social, por muy legal que sea, ha tomado el mismo como un cheque en blanco para hacer, no solamente lo contrario de lo que dijeron que iban a hacer, sino para tomar medidas que aseguraron que nunca tomarían, es decir, para mentir con el mayor cinismo y sin el más mínimo pudor.

Mayoría legal, pero no real
        Esta ausencia de pudor político les lleva a analizar unos resultados electorales bajo un baremo totalmente falso, desde un punto de vista no solo sociológico, sino moral. El Partido Popular debería tener en cuenta que la realidad social de este país es muy distinta de la realidad legal que beneficia ostensible e injustamente a los dos grandes partidos que se reparten el gobierno: ahora tu, luego yo. El actual sistema es tan absurdo e injusto que no puede entenderse como en unas elecciones generales, un partido con 333.628 votos puede tener 7 diputados (AMAIUR), otro con 1.014.263 votos puede tener 16 diputados (CiU) y, por el contrario, con 1.140.242 votos sólo tenga 5 diputados (UPiD), y nada menos que con 1.680.810 votos alcance sólo 11 diputados (IU).
        Al margen de esta incoherencia y despropósito legal, la realidad, según los resultados electorales del 2011 es que de un censo de 34.301.332 votantes, entre abstenciones (pasamos de todos los partidos), votos en blanco (estamos con la democracia, pero no nos gustáis ninguno), votos nulos y votos al resto de los partidos, sólo han votado al partido en el Gobierno 10.830.693 personas y NO les han votado 23.470.639 ciudadanos. Legalmente tienen la mayoría absoluta, pero social y moralmente ni se acercan a ella. Y lo saben, aunque no lo tienen en cuenta, como lo saben algunos presidentes autonómicos o alcaldes españoles que están en el mismo caso.
        Y esto, señores del Gobierno no significa que ustedes, apoyándose en una ley electoral que no responde a criterios de justicia y, mucho menos, de igualdad, y sabiendo que carecen de una mayoría real de apoyo, puedan campar a sus anchas y hacer lo que les dé la gana, sin tener en cuenta los intereses generales de la sociedad a la que tienen la obligación de servir.
        Y es, en ese contexto, donde radica el último atropello ciudadano que pretenden convertir en ley. Quieren evitar que los ciudadanos salgan a la calle para protestar por los recortes en la sanidad. Quieren que la gente deje de protestar por los recortes y la nueva ley de educación. Quieren que las personas se queden en sus casas calladitas y no salgan a manifestarse contra la situación económica, el paro, los desahucios, la corrupción, las reformas laborales, las bajas pensiones, la situación de la justicia, etc., etc. Pretenden que sólo hablemos en las urnas cada cuatro años y durante esos cuatro años, aunque seamos testigos del empobrecimiento socioeconómico progresivo de esta España nuestra, seamos cómplices con nuestro silencio de sus desmanes políticos y nos quedemos en casita.

Volver a la dictadura del miedo
        Señores del Gobierno, que no, que no somos tontos, aunque ustedes nos traten como si lo fuésemos. Intentan ustedes disfrazar su anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, calificada ya como “ley mordaza”, como una mayor garantía de seguridad y convivencia para los ciudadanos y es todo lo contrario. Es una ley absolutamente represiva, es volver a retroceder en el tiempo y volver a la dictadura del miedo. De verdad que no puedo entender como una ley de este calado puede haber sido aprobada con el beneplácito de toda una mesa de Consejo de Ministros. Pero ¿es que en esa “santísima mesa” no hay nadie con un mínimo de sentido común, civismo y decencia política para oponerse a semejante engendro? ¿De verdad los votantes, simpatizantes y militantes del PP se han leído este anteproyecto y están de acuerdo con su contenido? En serio, me cuesta trabajo creerlo. Una cosa es votar a un partido de derechas y simpatizar con su ideología, cosa totalmente respetable, y otra muy distinta estar de acuerdo con una ley que es un torpedo a la línea de flotación de la democracia y un atentado a nuestro estado de Derecho y a nuestra Constitución.
        Pero ¿cómo puede decir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es una norma “despenalizadora, garantista y contundente en la defensa de una convivencia pacífica y democrática” y que “los únicos que deben temerla son los violentos”? ¿Qué violentos, señor ministro, los que se pasan la ley por el tacón de su bota al ocultar su número de placa identificativa, porque saben que no les va a pasar nada? ¿Los que, insensiblemente, son capaces de aporrear a cualquier persona, aunque sea simplemente un pacífico manifestante y no haya realizado ningún acto vandálico? ¿Pero a quien quiere engañar? Que no hay que permitir desmanes o acciones incívicas, ya sea en manifestaciones o fuera de ellas, es algo que no es discutible. Claro que no hay que permitirlas, pero tampoco hay que permitir que con esta disculpa se meta en el mismo saco a los autores de los desmanes y a los ciudadanos que hacen uso de su derecho asistiendo a manifestaciones o concentraciones de protesta. La ley actual tiene suficientes mecanismos para perseguir y castigar cualquier acto incívico, violento o vandálico. Y en cuanto a la “despenalización” está insultando a nuestra inteligencia. Esa despenalización les permitiría detener y sancionar a cualquier manifestante, sin la obligación de presentar al detenido ante la justicia, es decir, sin que pueda ser amparado por un juez en caso de una detención arbitraria. En resumen, lo que usted pretende con esta ley es actuar como en una dictadura: meter el miedo en el cuerpo a toda la ciudadanía para que no salga a la calle a protestar por nada.

¿Dónde queda el mandato constitucional?
        ¿Dónde queda el artículo 9 de la Constitución?  Sí, esa Constitución que solamente defienden en determinados supuestos y que incumplen en otros muchos puntos. El artículo citado dice que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”
        Pero hay más. El artículo 21 dice que: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.”    
        Más claro, imposible. ¿Cree usted de verdad que su pretendida reforma de la ley de Seguridad Ciudadana cumple este mandato? Yo creo que no, porque sabe usted perfectamente que pretende todo lo contrario: no remueve obstáculos sino que los pone, con lo que no facilita la participación, sino que la impide. Eso en lo referido al artículo 9. En cuanto al 21, ustedes pretender convertir las “razones fundadas”  en razones subjetivas, arbitrarias y partidistas para no cumplir este derecho fundamental y evitar así las protestas ciudadanas que tanto les molestan.
        Espero y deseo que en el camino que tiene que recorrer este anteproyecto, las voces discrepantes, que son muchas, incluida la del mismísimo Consejo de Europa, consigan que no salga adelante. Espero y deseo que si, a pesar de todas las protestas, el PP no reflexiona y sigue actuando como una apisonadora haciendo oídos sordos a la oposición y aprueba el texto, se presente un recurso de inconstitucionalidad. Y como ando por tierras del sur,  termino con unas palabras de la presidenta andaluza, esa esperanza socialista llamada Susana Díaz, que tiene por delante una oportunidad histórica para demostrar que hay otra forma de gobernar y no defraudar las expectativas que ha levantado. El tiempo dirá si es una pompa de jabón o algo más consistente: “Cuando se habla de la paz social, se habla de algo mucho más noble y bonito que el orden público. Se habla de una seguridad ciudadana que garantice la libertad de expresión en los centros de trabajo, la convivencia en los centros educativos y la paz en el ocio y el entorno”.